El Comité ha instado a Argentina a eliminar las barreras legales que impiden a las sobrevivientes de abuso infantil acceder a la justicia, no prohibiendo el procesamiento de los abusadores. CRIN, junto con sus socios en Argentina, pidió al Comité que emitiera esta recomendación, que es una de las principales demandas que las sobrevivientes hacen a sus gobiernos.

El máximo órgano de los derechos de los niños de las Naciones Unidas ha instado al gobierno de Argentina a eliminar los plazos de prescripción en casos de violencia sexual en la infancia, niñez y adolescencia. 

El Comité de los Derechos del Niño, que está integrado por 18 expertos independientes en los derechos de la infancia y adolescencia de todo el mundo, instó a Argentina este lunes a “Levantar el plazo de prescripción de los casos de abuso sexual infantil”.

La solicitud se publicó en el informe del Comité en el marco de la evaluación periódica a la que son sometidos los países cada cinco años para evaluar el cumplimiento en su territorio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. 

La Convención es el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo e incluye la gama completa de derechos humanos de los niños, incluido su derecho a la protección contra la explotación y la violencia sexual. Argentina ratificó la convención en diciembre de 1990. 

El llamado del Comité se produce a partir de un informe remitido al Comité por una coalición de 18 organizaciones de la sociedad civil argentina, entre ellas ARALMA Asociación Civil, Asociación Civil contra el Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes - ASI Basta, y la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina. En el informe los autores piden al Comité que recomiende al Estado argentino “mejorar la situación relativa a las barreras sistémicas de acceso a la justicia para las y los sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, específicamente mediante la derogación total de los plazos de prescripción.” 

En 2023, la asociación civil ARALMA propuso la eliminación de la prescripción mediante un proyecto de ley, que recibió apoyo de parte de la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y otros 14 firmantes. 

Qué pasa hoy en Argentina respecto de la acción penal

En Argentina solo se ha conseguido ampliar los plazos de prescripción en los cases de violencia sexual infantil. Antes de 2011, el abuso sexual era tratado como cualquier otro delito y prescribía después de 12 años. Tras la adopción, en 2011, de la Ley Piazza (N° 26.705 del Código Penal), ese tiempo empezaría a computarse a partir de que la víctima alcanzara la mayoría de edad. En 2015 la ley fue modificada otra vez, y la actual Ley 27.206 suspende la prescripción de 12 años hasta que la víctima decida efectuar su denuncia siendo mayor de edad. 

A pesar de la ampliación de la prescripción en Argentina, la nación sigue por detrás del creciente número de países de América Latina que ya han derogado por completo la prescripción del abuso sexual infantil, entre ellos El Salvador, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y México.

Explicando la necesidad de que el delito no prescriba, los autores del informe de las organizaciones de la sociedad civil resaltan que “una víctima de abuso sexual puede tardar muchos años en reconocer y asumir que se ha sido víctima de un delito de esa naturaleza”, y que “es necesario garantizar la posibilidad de investigación y juzgamiento cuando una víctima esté lista para denunciar a su agresor.” Denuncian, sin embargo, que las víctimas se topan con un obstáculo, la prescripción, y que “en la mayoría de los casos en Argentina, los jueces absuelven o sobreseen a los agresores por la prescripción de la acción penal, a veces incluso sin llegar a un juicio.” Pero los autores sostienen que “el abuso sexual en la infancia debe ser considerado como un problema grave de la salud pública de los países, para lo cual es preciso que se establezca un tratamiento diferenciado en cuanto a los márgenes temporales y al tipo de asistencia ofrecida a los sobrevivientes.” 

Sobre este punto el Comité emitió cuatro recomendaciones en el marco del trabajo realizado desde Argentina sobre la materia:

• asegurar que todos los casos de abuso infantil, incluido el abuso sexual, sean reportados e investigados de manera rápida, y que se proporcionen reparaciones a las víctimas, según corresponda; 

• eliminar la prescripción para los casos de abuso sexual infantil; 

• asegurar que todos los niños que sean víctimas o testigos de violencia tengan acceso inmediato a intervenciones con el objetivo de prevenir la revictimización secundaria; y

• fortalecer las medidas de apoyo a las adolescentes embarazadas que han quedado embarazadas como resultado de abuso y violencia sexual.

Qué más dice el Comité de la ONU

En su informe, el Comité además expresa su preocupación por las deficiencias sistémicas en Argentina que han conducido a “los altos niveles de violencia y abuso sexuales en la niñez”. Según datos del Ministerio de Justicia, en Argentina se registró un aumento del 126% en el número de denuncias por violencia sexual hacia víctimas menores de edad entre 2017 y 2022. La misma fuente además destaca que los bebés, niños, niñas y adolescentes representan el 58% del total de víctimas de abuso sexual del país, y seis de cada diez víctimas menores de edad eran niñas; además, en el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima. 

El Comité dice estar “profundamente preocupado por el hecho de que el matrimonio infantil esté legalmente permitido a partir de los 16 años con el consentimiento de los representantes legales, o antes de los 16 años con dispensa judicial”. Y al respecto insta al Estado argentino a “Establecer legalmente en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones, y redoblar los esfuerzos para erradicar el matrimonio o las uniones infantiles,” los cuales define como prácticas nocivas.

En su informe, el Comité también urge al Estado argentino a facilitar y promocionar la obligatoriedad de denuncia, a crear mecanismos y canales de denuncia para víctimas menor de edad, a desarrollar un plan de acción nacional para la prevención de la violencia infantil, y a establecer una base de datos centralizada que incluya estadísticas sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

Dónde se sitúa Argentina a nivel regional

En 2023 el país obtuvo la puntuación más baja en América Latina y el Caribe en un ránking mundial, elaborado por Economist Impact, que analiza el desempeño de 60 países a la hora de abordar, prevenir y responder a la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia. La baja clasificación se debe a varias razones, incluidas que el país no cuenta con un plan de acción nacional para abordar los casos de explotación y abuso sexuales, la edad de consentimiento sexual de 13 años está muy por debajo de el estándar internacional de 16 años, y el país todavía no ha eliminado la prescripción para los delitos de violencia sexual infantil.

Sonia Almada, fundadora y presidenta de ARALMA, opinó sobre el informe del Comité, resaltando que  “Argentina tiene una deuda pendiente con las y los sobrevivientes de violencia sexual y con las víctimas infantiles actuales. La eliminación de la prescripción penal en estos casos es fundamental para garantizar justicia y poner fin a la impunidad que beneficia a los pederastas y sacrifica la vida de las víctimas. Además, el dificultoso camino a la justicia y la ausencia de campañas de prevención contribuyen a la naturalización de estas prácticas aberrantes. Es urgente que Argentina tome medidas para proteger a nuestros niños y niñas”.

Victor Sande-Aneiros, coordinador de campañas de la ONG Child Rights International Network, organización que está apoyando a redes de sobrevivientes de abusos sexuales en América Latina para impulsar sus campañas por la verdad, justicia y reparación, considera que las recomendaciones del Comité "dejan claro que para responder a la violencia sexual infantil de una forma contundente hace falta medidas para aseugar el acceso a la justicia para lxs sobrevivientes. La prescripción del delito es una de las barreras más grandes para lxs sobrevivientes, y muchos países ya han eliminado la prescripción. Ahora Argentina podría convertirse en el siguiente país en América Latina en hacer lo mismo.” 

FIN

Notas a los editores

Preguntas de los medios:

• Contacto Prensa: Soledad Bavio +54 9 2284 63-3542

• Sonia Almada, Asociación Civil ARALMA aralma@aralma.org  

• Victor Sande-Aneiros, Child Rights International Network (CRIN) victor@crin.org 

ARALMA es una asociación civil argentina fundada en 2003 y dedicada a la promoción y prevención en derechos de infancias y juventudes. Desarrolla acciones y alianzas con organismos y agrupaciones nacionales e internacionales para visibilizar los malos tratos hacia bebés, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Trabaja en incidencia legislativa y en medios de comunicación además de poner énfasis en la generación de conocimiento e investigaciones sobre las temáticas que atañen a la población con la que trabaja. www.aralma.org  

CRIN es una organización de derechos humanos con un enfoque en los derechos de la niñez y adolescencia. Presionamos por los derechos, no por la caridad, y hacemos campaña por un cambio genuino en la forma en que los gobiernos y las sociedades ven y tratan a lxs niñxs. Nuestro objetivo es un mundo donde los derechos humanos de lxs niñxs sean reconocidos, respetados y aplicados, y donde toda violación de derechos tenga una reparación. www.crin.org